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La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, reveló que existen tres órdenes de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Mientras las autoridades mexicanas advierten que ejecutarían los mandamientos judiciales si la presentadora regresa al país, su defensa recurrió a la justicia de Estados Unidos para solicitar su liberación de la detención en Florida debido a su situación migratoria.
En un mensaje difundido en redes sociales, la fiscal Ernestina Godoy explicó que las investigaciones en México relacionan a Gómez Mont con un presunto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma, a través del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
De acuerdo con la titular de la FGR, la conductora habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita provenientes de contratos irregulares relacionados con el sistema de penales federales, cuyo monto asciende a aproximadamente 2,450 millones de pesos.
Godoy sostuvo que las empresas presuntamente utilizadas simulaban operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino.
La fiscal general de la República detalló que las tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont corresponden a investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Sobre este último delito, explicó que la conductora presuntamente declaró ingresos menores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría derivado en la omisión del pago de más de 14 millones de pesos en impuestos.
Ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses determinen deportarla, Ernestina Godoy advirtió que la FGR ejecutará inmediatamente las órdenes de captura una vez que la presentadora pise territorio mexicano.
La situación jurídica de Gómez Mont en México permanece separada del procedimiento migratorio que enfrenta en Estados Unidos, donde fue detenida el pasado viernes 30 de octubre en Florida.
En paralelo a las investigaciones de la FGR, los abogados de la exconductora de televisión acudieron a la justicia federal estadounidense para solicitar su liberación mediante una demanda de habeas corpus, recurso que permite cuestionar ante un juez la legalidad de una detención.
La defensa presentó la solicitud ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida y también promovió una medida de emergencia para evitar que Gómez Mont sea trasladada a otro centro de detención migratoria.
El juez federal Jeffrey Kuntz ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) justificar los motivos por los que mantiene bajo custodia a la conductora. La autoridad migratoria tiene hasta este miércoles para presentar sus argumentos.
Sin embargo, el juez rechazó conceder una suspensión inmediata para impedir un eventual traslado.
Actualmente, Gómez Mont permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida. Su detención está relacionada con su situación migratoria, debido a que presuntamente ya no cuenta con una visa o permiso vigente para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Como parte de los argumentos presentados, sus abogados también incorporaron documentación sobre el tratamiento médico de una de sus hijas, con la intención de evitar que sea trasladada fuera de la zona de Miami.
La resolución del recurso de habeas corpus podría determinar si Gómez Mont continúa detenida o tiene la posibilidad de enfrentar su procedimiento migratorio en libertad. Sin embargo, una eventual liberación no significaría que queden canceladas las investigaciones ni las órdenes de aprehensión que existen en México.
En caso de que las autoridades estadounidenses determinen su deportación, la FGR aseguró que procederá a ejecutar los mandamientos judiciales pendientes.
La conductora y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han rechazado los señalamientos en su contra y han recurrido a recursos legales para argumentar que son víctimas de persecución política.
Álvarez Puga también fue detenido por el ICE en Miami, el 24 de septiembre de 2025, aunque recuperó su libertad a finales de ese año tras pagar una fianza.
Por ahora, el futuro legal de Gómez Mont depende de dos procedimientos distintos: el migratorio que enfrenta en Estados Unidos y las investigaciones penales que la FGR mantiene abiertas en México.